Esta semana ha debido de ser muy dura para los compañeros y compañeras de LaVerdad TV, la televisión del Grupo Vocento en Murcia. Más de una decena de trabajadores han visto cómo han sido rescindidos sus contratos. En otros medios de comunicación regionales la situación es también muy dura, como los de la SER, con un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a la vista. Con la bajada de los ingresos publicitarios y, sobre todo, por la política comercial y laboral de sus respectivas cabeceras empresariales, ha habido despidos y modificaciones de las condiciones de trabajo. Una situación que viene de lejos y ante la que las empresas se han servido de la desestructuración del sector y la desmovilización de sus trabajadores para llevar adelante sus planes.

Ante estos hechos viene a mi memoria, a comienzos de los años 80 cuando iniciaba mis estudios de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, las palabras que nos decía en clase nuestro profesor de Derecho de la Información, el catedrático Enrique Gómez-Reino y Carnota. ¡Uf, qué apellidos más rimbombantes! Con una sobriedad pasmosa y una seriedad que asustaba, nos decía -más o menos literalmente- que ustedes deben de dejar de mantenerse en el engaño: ustedes serán trabajadores asalariados, por lo que deberían afiliarse a sindicatos y dejarse de zarandajas, puesto que las emprsas les engañarán diciendo que son una profesión liberal.

Mi experiencia desde entonces, en las sucesivas etapas profesionales que me ha tocado vivir, es que el profesor Gómez-Reino tenía razón. Las empresas de comunicación han hecho y deshecho lo que han querido siempre porque han contado con que sus profesionales -en este caso me refiero especialmente a los periodistas- no han/hemos tenido conciencia de asalariados y, por tanto, conciencia de clase a la hora de defender, reclamar y luchar por nuestros derechos laborales y profesionales. Hace muchos años leí que los periodistas sólo se organizan y se manifiestan cuando tienen una carta de despido en la mano… y desgraciadamente es verdad.

Recuerdo cuando en la Región de Murcia de principios de los 90 varias trabajadoras del sindicato UGT denunciaron el uso del Nolotil en las empresas de conserva y los almacenes de frutas para aguantar las jornadas de trabajo. Llamaron mucho la atención en su rueda de prensa, porque comparecieron encapuchadas para que no se vieran sus rostros. Un compañero, en la redacción del periódico en el que trabajábamos, medio en br0ma, medio en serio, gritaba a primera hora de la noche reclamando el Nolotil correspondiente. Nuestras jornadas de trabajo superaban las 10 y 12 horas diarias, y no porque se produjeran situaciones especiales que requiriesen un horario especial. Pero éramos trabajadores de cuello blanco y nos lo creíamos a pie juntillas. Así nos ha ido.

Hasta la fecha las asociaciones profesionales, tipo Asociación de la Prensa o Colegio de Periodistas, no han servido para defender nuestros derechos, entre otras cuestiones porque los propios asociados o colegiados no hemos exigido que cumplieran otro papel distinto al de ser una mera entidad prestadora de servicios, organizadora de festejos taurinos o editora de anuarios y publicaciones de dudoso interés. Y hablo en primera persona, asumiendo la responsabilidad que me toca, en la medida en que he formado parte de ellas durante tiempo. Pero esto se ha acabado, al menos por mi parte. Sin acritud y desde el respeto que me merece que haya compañeros y compañeras que crean que pueden trabajar por dignificar la profesión periodística desde estas corporaciones profesionales.

Libertad de expresión

A la gravedad del momento presente en el plano estrictamente laboral, con los despidos, el cierre de medios de comunicación o el deterioro de las condiciones de trabajo, hay dos aspectos que me gustaría destacar. De un lado, el secuestro de la libertad de expresión, el pluralismo informativo y la propia libertad de prensa. Una situación que, al contexto general de nuestro país, en el caso de la Región de Murcia se une la de una verdadera intervención de los medios de comunicación. Económica -en la mayoría de los medios privados- agudizada por la crisis, y política -en los privados y en los públicos. Condicionados por la publicidad institucional -quien paga cree que tiene derecho a mandar- que ‘tanto bien’ ha hecho en esta nuestra Región desde que el PP gobierna las instituciones desde el año 1995, o por la mordaza que supone tener el poder de las concesiones administrativas en el otorgamiento de licencias para frecuencias de radio y televisión. Por cierto, donde especialmente la Administración regional ha hecho una dejación de responsabilidades total y absoluta, a la hora de supervisar y controlar las condiciones de los concursos de adjudicación por parte de las empresas adjudicatarias. ¿Y alguien sabe, también por cierto, qué ha pasado con el concurso de frecuencias de radio que lleva años sin resolverse?

Al secuestro o intervención de la libertad de expresión en la Región de Murcia hay que sumar  la idea -y por supuesto lo que ha puesto en práctica- que tiene el poder político sobre la existencia de los medios de comunicación públicos. Una visión que está ligada al uso instrumental de los mismos como parte del engranaje de lo que supone la mayoría absoluta de un poder político invasor de cualquier espacio público en el que no perviva su visión uniforme de la política, la economía y la sociedad murcianas. Este hecho se ha expresado con mayor nitidez en la televisión autonómica 7 Región de Murcia, La 7. Mientras que en Onda Regional, tanto su dirección como sus profesionales han sorteado la presión política con cierta dignidad, en aras a un estilo de trabajo y de hacer periodismo -sobre todo en los informativos- con bastante profesionalidad y objetividad, en la televisión autonómica no ha sido así. Y creo que la raíz de ello está en el modelo de televisión que se escogió, con una concesión a una empresa para gestionar los contenidos informativos y de entretenimiento, aunque la empresa pública Radio Televisión de la Región de Murcia se quedase la potestad de la dirección y la edición de los informativos, realizados eso sí con personal del Grupo empresarial de Televisión de Murcia (GTM).

Pero el momento en el que nació, el modelo que se escogió y, sobre todo, la situación económica de la Administración regional, han llevado, en su conjunto, a una difícil y compleja situación en el momento presente y con las perspectivas de un futuro a corto y medio plazo. En nuestra condición de miembros  del Consejo de Administración de RTRM, junto a Pity Alarcón -profesional de la televisión de reconocida valía y competencia- a propuesta del PSRM-PSOE desde hace un año, hemos tratado de poner encima de la mesa la urgente necesidad de que las cosas en La 7 sean de otra manera. Por una parte, denunciando la manipulación informativa -o el silencio- que practica la televisión autonómica en sus espacios informativos. Por otra, la necesidad de abordar un nuevo modelo de gestión de la televisión y la radio públicas.

El pasado lunes, sin ir más lejos, celebramos una sesión del Consejo que nosotros habíamos reclamado, puesto que por ley tenemos que reunirnos una vez al mes, y llevábamos desde marzo sin celebrar reunión alguna. Dirigimos a mediados de mayo un escrito al director general de RTRM -y que los miembros del Consejo de Administración conocieron- en el que expusimos nuevamente nuestras quejas acerca del tratamiento informativo de diversos asuntos que tienen que ver con la oposición política, social y sindical a determinadas medidas del Ejecutivo regional. En concreto, queríamos recabar explicaciones sobre el tratamiento que la televisión 7 Región de Murcia ha abordado en cuanto a las protestas vecinales de ciudadanos de Lorca sobre la gestión de las ayudas a los afectados por el terremoto.  El mismo silencio informativo que se practica en la televisión fue el que recibimos en el Consejo. Nada de nada. Ni una sola protesta de vecinos de Lorca ha aparecido en la televisión regional. Sólo la sección sindical del sindicato CGT en GTM denunció este hecho, así como otros casos de manipulación informativa.

Manipulación informativa

Otro ejemplo que pusimos fue el del informativo del pasado 25 de abril, emitido durante el partido de fútbol de la Champion League disputado entre el Real Madrid y el Bayern de Münich. Un informativo que ignoró la entrevista de ese día entre Rafael González Tovar y el presidente Valcárcel, en la que el secretario del PSRM ofreció tres pactos al gobierno regional. Ignoró el apoyo de los diputados del PSRM-PSOE en el Congreso al decreto de ayudas a Lorca, y por supuesto la intervención de María González Veracruz en el estrado. Informó de la comparecencia de Constantino Sotoca en la Asamblea Regional sobre los recortes educativos, “a petición propia” pero ocultó las opiniones del PSRM y del Grupo Mixto, así como la protesta de varios centenares de profesores en la puerta de la Asamblea Regional. Informó de la entrevista de Valcárcel con la ministra de Empleo y dijo que la reforma laboral había facilitado 500 contratos. Y culminó con un publirreportaje de la reapertura de la residencia de ancianos de la empresa Caser en Lorca, con presencia de la consejera de Sanidad y el alcalde de Lorca, entre otros.

Nuestras voces, la de Pity Alarcón y la de un servidor, claman desde hace un año en el seno de RTRM exigiendo que el pluralismo informativo, la neutralidad y la libertad de expresión se garanticen en un medio público como es La 7. Pero como digo, la intervención es un hecho. Y el control político, una práctica, que es mucho más grave cuando es ejercida por supuestos profesionales del periodismo y la comunicación.

Pero otros asuntos en los que estamos reclamando otra manera de de gestionar, es la que tiene que ver con intentar ser altavoces -o al menos, receptores- de las preocupaciones de los trabajadores de GTM, la empresa concesionaria de los servicios de televisión de 7 Región de Murcia. Así como de los trabajadores de Onda Regional de Murcia, una de las dos sociedades filiales de RTRM. En estos momentos han empezado a negociarse las contraprestaciones de los servicios de GTM con RTRM, a la vista de que el grupo empresarial ha comunicado su voluntad de prorrogar un año el contrato de prestación de servicios, ya que éste finaliza el 31 de diciembre de 2012 una vez cumplidos los primeros siete años de vigencia de la concesión. Y esos ajustes de prestaciones se harán de acuerdo al presupuesto que RTRM -esto es, el Gobierno regional- está dispuesto a negociar, a la vista del Plan de Reequilibrio Financiero presentado al Ministerio de Hacienda por parte de la Comunidad.

Por las noticias que tenemos, la mayor parte de los accionistas de GTM están dispuestos a negociar con las condiciones económicas que pone encima de la mesa el Gobierno regional. No hay que olvidar que durante los primeros años de la concesión, este grupo empresarial obtuvo unos beneficios económicos muy considerables, tal y como puede consultarse en los datos públicos del Registro Mercantil, y que ascendieron entre los años 2005 y 2009 a unos 18 millones de euros.

Nuestra posición ante esta negociación es muy clara: hemos instado al director general de RTRM que en todo momento de las negociaciones con GTM prime el compromiso del mantenimiento de los puestos de trabajo, ya que por encima de todo nos preocupa la situación laboral de los profesionales que hacen cada día posible, en este caso, la televisión pública. Hablamos de 264 trabajadores, tal y como nos lo ha hecho llegar en diversas ocasiones los miembros del comité de empresa de GTM, con los que tenemos un contacto permanente y fluido desde que fuimos nombrados consejeros de RTRM. Por supuesto que también a la hora de contemplar la asignación a Onda Regional de Murcia.

Una preocupación que hace unos días expresó también el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, al hilo del Debate del Estado de la Región, con una propuesta de resolución que decía lo siguiente: Con el acuerdo de todos los Grupos Parlamentarios, promover la transformación del actual modelo de televisión pública por otro que, por una parte, garantice la neutralidad política y el pluralismo informativo, y, por otra, haga especial hincapié en las producciones del sector audiovisual murciano con un incremento de producción propia que permita el abaratamiento de costes junto al mantenimiento de los puestos de trabajo.

Cumplir la Ley

Para que el lector se haga una idea, el PP aprobó el texto pero eliminando la frase referida a que el nuevo modelo de televisión garantice la neutralidad política y el pluralismo informativo. ¡Vamos! Que ni se creen ni pretenden cumplir lo que la misma Ley 9/2004, de 29 de diciembre, sobre Creación de la Empresa Pública Regional Radio Televisión de la Región de Murcia dice en su artículo 2, que establece que “la actividad de los medios de comunicación social gestionados por la Región de Murcia a que se refiere la presente Ley se inspirará en los principios siguientes: a) El respeto a la libertad de expresión, así como la objetividad, la veracidad y la imparcialidad de las informaciones. b) La separación entre informaciones y opiniones, la identificación de quienes sustenten estas últimas y su libre expresión, con los límites del apartado cuarto del artículo 20 de la Constitución. c) El respeto al pluralismo político, cultural, religioso y social. d) La protección de la juventud y de la infancia. e) El fomento de los valores de igualdad y no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier circunstancia personal o social. f) El respeto al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. g) La promoción de los valores históricos y culturales de la Región de Murcia. h) El respeto, promoción y defensa de los demás principios que informan la Constitución española y el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia y de los demás derechos y libertades que en ellos se reconocen y garantizan. i) La prestación de un servicio público de calidad y promoviendo el respeto y el ejercicio del código ético profesional en el tratamiento informativo.

No oculto mi desazón -compartida con Pity- por no encontrarle mucho sentido a la presencia en este órgano de RTRM, puesto que prácticamente somos los únicos profesionales que somos periodistas y hemos trabajado en medios de comunicación y, sin desmerecer a nadie, sabemos lo que llevamos entre manos. Pero es tal la prepotencia que observamos por parte de los representantes del PP, y la escasa -por no decir nula- capacidad de ejercer un contrapeso o un control sobre la actividad que desarrolla la empresa pública RTRM en cuanto a los cometidos del Consejo de Administración, que a veces nos preguntamos qué hacemos aquí. Bien es verdad que, junto al consejero propuesto por IU, somos los únicos miembros que hoy por hoy podemos velar por la garantía de que se cumplan los principios inspiradores a los que hacía referencia anteriormente. Y sobre todo porque podemos trasladar otras voces a su interior -como la de los trabajadores de GTM y de Onda Regional- al igual que la de otros colectivos que no se vean reflejados en la radio y la televisión públicas. Aunque sólo sea para cumplir la Ley, porque nosotros nos la creemos… merece la pena seguir.

—————

PD. Por cierto, nada más publicar esta entrada, una buena amiga y compañera me cuenta que el pasado día 5 de junio, es decir, hace 10 días, el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicó un anuncio que daba cuenta de un acuerdo de Consejo de Gobierno del día 18 de mayo, en el sentido de que el concurso público para la adjudicación de 51 licencias de emisoras locales privadas de Frecuencia Modulada (FM) en la Región de Murcia había sido declarado desierto. Para que conste.