La reciente huelga de la limpieza en Madrid, con las gloriosas intervenciones de su máxima regidora, Ana Botella, ha vuelto a poner sobre el tapete la conveniencia o no de regular el derecho de huelga en nuestro país. El próximo sábado 14 de diciembre se cumplen 25 años de la célebre huelga general del 14-D, convocada por los sindicatos CCOO y UGT (precisamente este acontecimiento culminó la fractura entre Nicolás Redondo y Felipe González, entre buena parte de la base social del socialismo y la gran mayoría de la izquierda). La razón principal era el rechazo a una importante reforma en el mercado laboral, que abarataba el despido e introducía los contratos temporales para los jóvenes trabajadores. ¿Suenan de algo esas razones?

Recuerdo ahora que aquella jornada la viví en Elche, donde trabajaba como periodista de información de sucesos y laboral para la delegación del diario La Verdad. Ese día trabajamos (los periodistas hicimos la huelga el día anterior) para dar cuenta de los acontecimientos que se iban produciendo, y viví en primera persona los piquetes en el puerto pesquero de Santa Pola y en los centros comerciales de la entonces cadena “Continente”, así como la multitudinaria manifestación por las calles de la ciudad.

Más de un lustro después, hace ya veintiún años -¡uf, cómo pasa el tiempo!- la polémica sobre la regulación de la huelga ocupaba las portadas de los diarios y de los informativos de radio y televisión, ya que se había alcanzado un acuerdo en el Congreso entre el entonces Grupo Parlamentario Socialista (estábamos en noviembre de 1992, inicio de la etapa final de los gobiernos de Felipe González) y los sindicatos UGT y CCOO. Sinceramente no ha cambiado mucho el panorama en cuanto a legislar o no acerca de este derecho que tenemos los trabajadores y trabajadoras para expresar nuestras discrepancias y diferencias con quienes rigen los asuntos laborales. Por eso comparto contigo varios artículos que escribí entonces. El primero de ellos, en 1993, para el diario La Verdad, sobre la inminente aprobación de la Ley de Huelga (que no llegó a materializarse).

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La Ley de Huelga cubrirá un vacío que hasta ahora ha resuelto el TC

El Gobierno regulará el derecho de huelga después de casi quince años de promulgada la Constitución, tras el acuerdo alcanzado en noviembre con los sindicatos UGT y CC OO

Quince años después de promulgada la Constitución el Gobierno socialista regulará el derecho de huelga, con lo que se cubrirá un vacío legal que hasta ahora ha resuelto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El acuerdo que en noviembre pasado alcanzaron los sindicatos UGT y CC OO con el Grupo Parlamentario del PSOE ha desbloqueado una negociación que hacía peligrar un importante compromiso antes de concluir la tercera legislatura socialista.

La discusión de las cuatro enmiendas al texto del proyecto de Ley de Huelga presentadas en el Senado darán paso, salvo improbables sorpresas de última hora, a una regulación específica de este derecho reconocido en el artículo 28.2 de la Carta Magna. Con este requisito se cubrirá un vacío legal que hasta ahora resolvía el Tribunal Constitucional (TC), ya que éste dejó prácticamente en [fuera de juego] al Real Decreto Ley 17/1977 de 4 de marzo sobre relaciones de trabajo, instrumento legal utilizado hasta la fecha para el desarrollo de la huelga. Un real decreto al que el propio PSOE presentó un recurso de inconstitucionalidad en octubre de 1980, y que fue estimado en parte por el alto tribunal.

Resulta paradójico, sin embargo, que el primer texto del Proyecto de Ley de Huelga aprobado por el Gobierno el 14 de mayo del pasado año fuese calificado por los sindicatos como más restrictivo que la legislación vigente, que proviene del referido real decreto. Ese proyecto fue remitido a las Cortes en medio de la conflictividad desatada por la convocatoria del huelga general de media jornada del 28 de mayo, y en contra de las propuestas sindicales aportadas en diversas reuniones mantenidas hasta entonces.

Cambio de actitud

El enfrentamiento con UGT y CC OO se agudizó tras la publicación del texto gubernamental en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados del 1 de junio, y después de que fuesen discutidas en el Pleno -y rechazadas por los grupos mayoritarios de la Cámara- las enmiendas a la totalidad. El paréntesis veraniego no calmó los ánimos y una vez reanudada la actividad política y sindical se iniciaron unos contactos entre dirigentes del PSOE y de las centrales sindicales mayoritarias. Estos encuentros -con sus correspondientes declaraciones de buenas intenciones- culminaron en noviembre con el ya conocido acuerdo del Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso y los dos sindicatos, ante la sorpresa de la patronal CEOE y del PP.

1741205-14D,_25_anos_despues_Version3¿Qué había ocurrido desde la primavera al otoño para que el Gobierno, y en especial el sector liderado por el ministro Carlos Solchaga, hubiese modificado su actitud para alcanzar un compromiso con las organizaciones sindicales? Al parecer, la cesión de UGT y CC OO en algunos aspectos del texto -en especial en las atribuciones de los piquetes y en que, en el caso de no llegar a un acuerdo, la autoridad política sea la última responsable en fijar los servicios mínimos en los sectores esenciales de la comunidad- y el triunfo de las tesis del [sector guerrista] en el seno del PSOE -que defiende la necesidad de atemperar el enfrentamiento con los sindicatos para recuperar el voto de la izquierda- han sido los elementos determinantes.

Iras del PP y CEOE

El texto de la Ley acordado, al que se han presentado mínimas modificaciones en su trámite en el Congreso, tampoco sufrirá retoques de importante en la Cámara alta. Por ello ha desatado las iras del PP, que ha aprovechado este asunto para sumarlo a la serie de ataques que dirige al Gobierno y al PSOE en los últimos meses. De nada han servido los guiños lanzados a los dirigentes de UGT y CC OO no hace mucho tiempo, porque el objetivo final es el de derrotar en las urnas a Felipe González al precio que sea.

De rebote, el presidente de la patronal CEOE, José María Cuevas, ha encontrado a su natural aliado, José María Aznar, para de forma conjunta acusar al Gobierno de haber claudicado ante los sindicatos y achacar al proyecto de Ley de Huelga de ser un elemento determinante ante la grave crisis económica que padece el país. Las críticas al texto han llegado hasta el extremo de olvidar resoluciones del Tribunal Constitucional referidas, por ejemplo, a la prohibición expresa de utilizar las facultades empresariales respecto de la movilidad funcional o geográfica de los trabajadores, al objeto de limitar o impedir el ejercicio del derecho de huelga.

Similares críticas

Casi sin quererlo, Cuevas ha encontrado en el propio PSOE unos aliados entre los seguidores de las tesis de Solchaga, que tratan de no ofrecer argumentos a los detractores de la política económica socialista con el fin de recuperar la inversión y, consiguientemente, el empleo, principal problema del Ejecutivo de Felipe González.

Pero como han señalado el vocal de la ejecutiva de UGT, José María Zufiaur, y el propio secretario general de CC OO, Antonio Gutiérrez, las críticas han sido las mismas que cuando se alcanzó el acuerdo sobre la ley sobre derechos de información de los representantes de los trabajadores en materia de contratación. Los resultados, sin embargo, han sido muy distintos a los anunciados entonces.