Han pasado más de ocho años, y a punto de llegar al verano de 2001 publiqué en La Opinión, en mi columna de entonces que llevaba por título el mismo que este blog, un nuevo artículo sobre la huelga, con el que finalizo esta serie al hilo de la próxima conmemoración del 14-D de 1988. El sindicato CCOO ha publicado un número especial de su Gaceta Sindical y ha organizado diversos actos para recordar este acontecimiento que pretenden  servir para destacar la fortaleza de las razones sindicales que motivan el conflicto social en cada momento, con independencia del Gobierno del turno, y sobre todo la legitimidad del movimiento sindical como defensor de los intereses de la clase trabajadora y como vector de fuerza de los cambios sociales.

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Huelgas y ley de huelga

Las recientes huelgas del transporte discrecional en Mallorca, la de los basureros de Segovia y los paros de los pilotos de Iberia han vuelto a poner sobre el tapete uno de los pocos derechos que aún les quedan a los trabajadores. Mejor dicho, a los asalariados con un contrato digno, con representación sindical y sin miedo a las consecuencias que una acción de protesta como la que nos ocupa pueda entrañar. Lo que resulta paradójico es que cuando llegan situaciones como las enumeradas, o muchas otras, la carne que se coloca en el asador es la que tiene que ver con los ejercientes de la medida. Casi nunca en los causantes de la misma. Pero es que hay huelgas… y huelgas. Y en esto entenderán que siempre hay que establecer diferencias. No se puede situar al mismo nivel la que realizan determinados colectivos –como se les llama ahora- como el de los pilotos del sindicato SEPLA o el de los basureros segovianos. Las reivindicaciones son distintas y los puntos de partida muy diferentes. Por ello es por lo que hay que atinar muy fino cuando queremos emitir juicios al respecto.

Y siempre que se producen situaciones como estas nos damos cuenta de que no existe una regulación específica sobre la huelga. No voy a entrar en quién tiene la razón, pero sí quiero detenerme en una vuelta atrás, porque eso de la memoria histórica tiene sentido cuando intentemos entender el presente. Vayamos al año 1993. Quince años después de promulgada la Constitución el Gobierno socialista de entonces quiso regular el derecho de huelga, reconocido en el artículo 28.2 de la Carta Magna. El acuerdo que en noviembre de 1992 alcanzaron los sindicatos UGT y CC OO con el Grupo Parlamentario del PSOE desbloqueó una negociación que hacía peligrar un importante compromiso antes de concluir la tercera legislatura socialista.

Se pretendía resolver un vacío legal que resolvía el Constitucional, ya que éste dejó prácticamente en ‘fuera de juego’ al Real Decreto Ley 17/1977 de 4 de marzo sobre relaciones de trabajo, instrumento legal utilizado hasta la fecha para el desarrollo de la huelga. Un real decreto al que el propio PSOE presentó un recurso de inconstitucionalidad en octubre de 1980, y que fue estimado en parte por el alto tribunal. Ya fue paradójico, sin embargo, que el primer texto del Proyecto de Ley de Huelga aprobado por el Gobierno el 14 de mayo del 92 fuese calificado por los sindicatos como más restrictivo que la legislación vigente de entonces. Ese proyecto fue remitido a las Cortes en medio de la conflictividad desatada por la convocatoria de la huelga general de media jornada del 28 de mayo de ese año, y en contra de las propuestas sindicales aportadas en diversas reuniones mantenidas hasta entonces.

El enfrentamiento con UGT y CC OO se agudizó tras la publicación del texto gubernamental en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados del 1 de junio, y después de que fuesen discutidas en el Pleno -y rechazadas por los grupos mayoritarios de la Cámara- las enmiendas a la totalidad. El paréntesis veraniego no calmó los ánimos y una vez reanudada la actividad política y sindical se iniciaron unos contactos entre dirigentes del PSOE y de las centrales sindicales mayoritarias. Estos encuentros -con sus correspondientes declaraciones de buenas intenciones- culminaron en noviembre con el acuerdo del Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso y los dos sindicatos, ante la sorpresa de la patronal CEOE y del PP.

¿Qué había ocurrido desde la primavera al otoño para que el Gobierno, y en especial el sector liderado por el superministro Carlos Solchaga, hubiese modificado su actitud para alcanzar un compromiso con las organizaciones sindicales? Al parecer, la cesión de UGT y CC OO en algunos aspectos del texto -en especial en las atribuciones de los piquetes y en que, en el caso de no llegar a un acuerdo, la autoridad política fuese la última responsable en fijar los servicios mínimos en los sectores esenciales de la comunidad- y el triunfo de las tesis del sector guerrista en el seno del PSOE -que defendía la necesidad de atemperar el enfrentamiento con los sindicatos para recuperar el voto de la izquierda- fueron los elementos determinantes.

El texto de la Ley acordado desató las iras del PP, que aprovechó este asunto para sumarlo a la serie de ataques que dirigía al Gobierno y al PSOE en aquellos meses. De nada  sirvieron los guiños lanzados a los dirigentes de UGT y CC OO en la primavera del 93, porque el objetivo final era el de derrotar en las urnas a Felipe González al precio que sea. Objetivo que no se logró hasta tres años después. De rebote, el presidente de la patronal CEOE, José María Cuevas, encontró a su natural aliado, José María Aznar, para de forma conjunta acusar al Gobierno de haber claudicado ante los sindicatos y achacar al proyecto de Ley de Huelga de ser un elemento determinante ante la grave crisis económica que padecía el país. Las críticas al texto llegaron hasta el extremo de olvidar resoluciones del Tribunal Constitucional referidas, por ejemplo, a la prohibición expresa de utilizar las facultades empresariales respecto de la movilidad funcional o geográfica de los trabajadores, al objeto de limitar o impedir el ejercicio del derecho de huelga.

Cuevas encontró en el propio PSOE unos aliados entre los seguidores de las tesis de Solchaga, que trataban de no ofrecer argumentos a los detractores de la política económica socialista con el fin de recuperar la inversión y, consiguientemente, el empleo, principal problema del Ejecutivo de Felipe González. Lo que sucedió después, es decir, en los siguientes ocho años, ya lo sabe el lector. Es decir, seguimos igual, pero mira lo que ha cambiado el mercado de trabajo.