A la espera de anunciados recursos por algunos de los aspirantes a llevarse el pastel de la gestión indirecta de 7RM, el proceso del concurso de adjudicación del contrato parece llegar a su fin con el beneplácito de la oferta de Secuoya y Emurtel. En el sainete de la televisión autonómica apenas se ha debatido una de las claves que hay detrás del uso torticero y manipulador de La 7: el significado de servicio público que tiene para el poder político. Un asunto que no se ha querido abordar en ningún escenario cuando lo ha intentado plantear la oposición, una muestra más de las señas de identidad del monopartidismo: la dejación de responsabilidades en materia de producción cultural y audiovisual en manos de quienes solo han buscado el beneficio económico a cambio de poner a su servicio un aparato de propaganda política.

Tanto en la Ley que regula la Radio Televisión de la Región de Murcia, como en el Mandato Marco aprobado por la Asamblea Regional, se establece la garantía del pluralismo, la objetividad… que siempre han brillado por su ausencia. Aquí no se trata de defender cuotas, tiempos, ni nada que se le parezca. Creo en la profesionalidad de quienes gestionen los medios públicos, desde los puestos directivos hasta quienes forman parte del engranaje periodístico, y que deben de estar al servicio de la sociedad que es la que permite a esos profesionales ejercer su trabajo, y además les paga por ello.

La derecha no cree en los medios públicos si no es para usarlos a su antojo, para ejercer su poder con omnipotencia. Ejemplos los tenemos bien cercanos y la situación en RTVE en los últimos cuatro años es un claro exponente, tras haberse conseguido por vez primera un modelo de televisión pública similar al de la BBC. Y los resultados los conocemos sobradamente. De ahí las diferencias entre quienes creemos en unos medios públicos independientes para cumplir su función social y educativa, y quienes siguen el modelo intervencionista para modelar la opinión pública, cuando en realidad la madurez de la gente está por encima de esas visiones de tan cortas miras.

Lo que es un hecho innegable es que la televisión sigue aumentando su influencia y consumo en España y el poder lucha por controlarla mientras que la ciudadanía aspira a que cumpla otras funciones. El dramaturgo Josep María Bonet afirma que “las televisiones públicas tienen que asumir sus obligaciones sociales y comprometerse con productos complejos y de riesgo”. Y aquí es donde entra en juego el sector audiovisual regional, tan castigado en los últimos años, y al que solo le han quedado las migajas del reparto de los dueños de 7RM, comandados por Prodher, la empresa de León Heredia, a la sazón consejero delegado de GTM, el consorcio de los entonces amigos de Valcárcel y ahora, al parecer, uno de los perjudicados del concurso.

Mientras que no cambie el planteamiento de qué medios de comunicación públicos queremos, para qué, qué modelo de gestión se elige, en manos de quién se dejan, cómo se garantiza el derecho de acceso de los grupos sociales y políticos y cuánto estamos dispuestos a poner sobre la mesa por ellos (y no me refiero solamente al dinero), estaremos mareando la perdiz y perdiendo el tiempo. La apuesta por unos medios públicos al servicio de la ciudadanía es la apuesta por otra Región de Murcia, por aquella que salga de su regionalismo rancio y caciquil y mire por unas políticas diferentes, no excluyentes, y con la persona en el centro de la vida social y económica.