El 24 de mayo se cumple un año de las últimas elecciones municipales. Una cita que marcó un antes y un después en el gobierno de una parte de los 8.114 municipios que hay en España. La hegemonía de la derecha se quebró especialmente en ciudades de más de 50.000 habitantes, que permitió la recuperación para el PSOE de numerosas alcaldías y la irrupción de las confluencias de partidos y movimientos ciudadanos en capitales de la importancia de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Cádiz o La Coruña. Los nuevos equipos de gobierno se enfrentan a un necesario escenario de reformas que están condicionadas por quien forme el nuevo Gobierno de España, ya que si el PP volviera a ocupar la Moncloa peligraría la autonomía de la política local.

Artículo publicado en NOTICIAS OBRERAS
Mayo 2016 / Nº 1.583

El revuelo político tras las pasadas elecciones del 20 de diciembre, con la incapacidad -hasta el momento- de poder conformar un Gobierno de progreso y cambio en España radicalmente distinto al de Mariano Rajoy, ha eclipsado del escenario mediático los cambios que se han producido en los ayuntamientos. A punto de cumplirse un año de los comicios locales y autonómicos del 24 de mayo -aunque las nuevas corporaciones no se constituyeron hasta mediados de junio-, el escenario del poder municipal en nuestro país es muy distinto al que se configuró en 2011. Un escenario muy marcado entonces por la respuesta del presidente Zapatero a la crisis financiera especulativa y al estallido de la burbuja inmobiliaria. El PP y las derechas nacionalistas coparon la inmensa mayoría de los gobiernos locales y autonómicos, que reforzaron al Ejecutivo de Mariano Rajoy en la Moncloa.

422042_454738057944270_742922513_nEse reforzamiento de las políticas conservadoras tuvo su exponente en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales (LRSAL), una reforma local aprobada por el gobierno central que supuso un atentando contra los principios de autonomía local reconocidos en la Constitución, un recorte al marco competencial de los ayuntamientos y un frenazo a la prestación de los servicios públicos de calidad a la ciudadanía. También a la consideración que hasta ahora se había tenido del municipio como gobierno político, convirtiéndolo en un mero gestor de decisiones ajenas. No hay que olvidar que los ayuntamientos han sido las administraciones públicas que han sufrido las políticas de austeridad más agresivas e insolidarias.

De ahí que en estos momentos exista un consenso entre los partidos del cambio y candidaturas de confluencias en que derogar esa Ley es imprescindible para garantizar que los municipios sigan siendo la base de la movilización social y de la acción política, ya que los gobiernos municipales han constituido el principal instrumento de integración y cohesión social. La prestación de servicios básicos ha sido impulsora del desarrollo y de la mejora de la calidad de vida de las personas. Así lo aseguraron a Noticias Obreras tanto el coordinador de la Secretaría de Política Municipal del PSOE, Carlos Daniel Casares, como Mari Ángeles García, consejera ciudadana estatal y autonómica de Podemos. Ambos se muestran optimistas ante la experiencia de los nuevos gobiernos locales, que auguran una segunda transición en la escena de la política municipal, la de la acción política de cercanía y proximidad a los ciudadanos.

Nueva reforma local

La derogación de la LRSAL tendrá que dar como resultado la aprobación consensuada en el Parlamento de una Ley de Régimen Local que refuerce la autonomía local, que garantice un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas de los entes locales y aquellas que, no siendo propias, previo convenio, puedan desarrollarse con garantías de control y transparencia de la gestión pública. Un consenso imprescindible para impulsar una nueva ley de Haciendas Locales que dote de estabilidad, rigor y recursos las competencias asumidas por las entidades locales, de forma coordinada con la de la financiación autonómica, definiendo con claridad la participación de las haciendas locales en los tributos del Estado (PIE) y en los de las Comunidades Autónomas (PICAs).

De ahí que a juicio de Casares y de la consejera de Podemos es tan importante que se constituya un Gobierno central que garantice la elaboración de ese marco jurídico y financiero imprescindibles para que los gobiernos municipales puedan desarrollar unas políticas que tengan en el centro a las personas, especialmente las más vulnerables y las que sufren la precariedad y la exclusión social.

Carlos Daniel Casares.

Carlos Daniel Casares.

“Tras las elecciones de hace casi un año, a través de acuerdos con fuerzas de izquierda para la investidura de alcaldes o formando parte de la Junta de Gobierno, hemos recuperado gobiernos de muchos ayuntamientos”, indica el coordinador socialista, quien recuerda que el PSOE gobierna en 72 ciudades de más de 50.000 habitantes, mientras que el PP lo hace en 42 de ellas. “Por tanto hay un escenario favorable, con equipos municipales más pequeños, con una experiencia positiva en cuanto a la gestión municipal, y con unos problemas de endeudamiento que se pueden afrontar”, con la excepción de situaciones como la de Madrid, aunque en estos meses se haya reducido una parte de la deuda de más de seis mil millones de euros con la que se encontraron.

“Hay problemas importantes, pero en las grandes ciudades se ha dado un giro a las prioridades políticas con los nuevos equipos de gobierno, actuaciones que tienen que ver con políticas para rescatar a las personas”, señala Casares. “Si tú observas los presupuestos donde gobierna el PSOE, como los de Sevilla, Valladolid, Palma de Mallorca, Alicante, Elche… se han priorizado determinadas partidas para becas, comedores escolares, o medidas contra la pobreza energética… porque se ha dado primacía a programas a personas sin recursos”. Esto ha sido no sólo en los ayuntamientos con alcaldes y alcaldesas socialistas, sino también en aquellos con alcaldías de las confluencias, donde está Podemos o Izquierda Unida.

Aprobación de Presupuestos

Por tanto, el balance de este primer año de nuevos ayuntamientos es positivo, “no se advierten crisis de gobierno con importancia, y un ejemplo de ello es que los presupuestos municipales se han aprobado en tiempo y forma antes del 31 de diciembre en siete de cada diez de estos ayuntamientos”. No oculta que hay cierta hostilidad en los gobiernos municipales de Cádiz o Zaragoza, o en municipios asturianos, como Gijón, y que ha habido problemas en La Coruña, donde el Presupuesto se ha aprobado hace escasas fechas. El responsable socialista concluye señalando que el futuro a corto plazo está muy condicionado por la investidura del Gobierno de España, “porque en los grandes ayuntamientos estamos planteándonos entrar en sus gobiernos, como es el caso de Madrid, donde las relaciones son muy buenas con la alcaldesa Manuela Carmena, y en Barcelona, donde Ada Colau lleva ya tiempo lanzando mensaje a nuestro portavoz, Jaume Collboní, con el fin de consolidar un gobierno que en la actualidad es muy minoritario”.

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Mari Ángeles García subraya que Podemos como tal no se presentó a las elecciones municipales, “porque era un partido que comenzaba a dar sus pasos, formado por gente que venía del mundo asociativo, desde diferentes sectores o colectivos, o de algún partido pequeño… y era muy difícil conformar equipos con personas que apenas se conocían, con sus inquietudes o ideología política”. Ello no ha sido obstáculo para que los nuevos gobiernos, con la presencia de nuevos concejales y concejalas en los ayuntamientos, haya supuesto un aire fresco en estas instituciones, “con una práctica política diferente, sobre todo por la puesta en marcha de la transparencia, que creemos que es una de las mejores medias para ir contra la corrupción, una práctica que era resultado de la inercia de que determinadas personas y partidos estén en el poder durante muchos años y creían no tener que dar cuenta de su gestión a la ciudadanía”.

Destaca la consejera de Podemos que ha sido muy positivo “el hecho de tener que sentarse a negociar, a dialogar, a ejercer la práctica de la cesión, que son actitudes imprescindibles para una nueva política, como la rendición de cuentas”. A su juicio esto ha contribuido “a despertar el interés de la ciudadanía para acercarse a los ayuntamientos, ver qué se decide, hacer propuestas, elevar peticiones o quejas… que antes no ocurría. Había una apatía porque no se sentía al político como alguien cercano, que te representara. Esto es especialmente notable en el caso de los pequeños municipios, donde la gente ve a sus representantes como ellos mismos, incluso porque se visten de otra manera a los políticos tradicionales, como la gente corriente que hace cosas extraordinarias”.

Una política diferente

Mari Ángeles García.

Mari Ángeles García.

En las ciudades grandes, como en Cádiz o Madrid, se observa una diferencia muy grande en la manera de hacer política, cómo se negociaban los contratos, con la revisión de las concesiones y la dación de cuentas. “Algo que define a estas candidaturas es que han facilitado que la ciudadanía vea que su ayuntamiento es próximo y que le pertenece”, precisa. También que se ejercita con naturalidad el diálogo y la negociación entre partidos con sensibilidades semejantes, “que conduce a la necesidad de una nueva transición, una nueva democracia, porque esa práctica democrática tuvo su sentido y su validez en su momento, pero ahora es preciso profundizar la práctica política con nuevos actores”.

Mari Ángeles García asegura que en el ámbito municipal se le ha dado la vuelta a ese grito del 15-M de que “no nos representan”, y no oculta que “los cambios son lentos, porque hemos encontrado dificultades en el funcionamiento de las instituciones, para empezar porque no veníamos del mundo político institucional, por lo que ha habido problemas para encajar en el engranaje de las propias corporaciones, reproduciendo su inercia”. Y también “por hacer cosas diferentes, como ser mucho más inclusivas en determinados actos oficiales, que cuesta también ser entendida por la propia sociedad, como las mociones por la laicidad”.

En definitiva, un año de cambios en nuestros ayuntamientos que aguardan que se despeje el escenario nacional para seguir desarrollando las políticas de cercanía que precisan los vecinos y vecinas, y que reclaman a quienes tienen al lado, en sus salones de Pleno, en sus despachos y, sobre todo, en las calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades. Un futuro que pasa también por consolidar el papel de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), con una nueva composición provocada por los cambios de gobierno local, y su presencia o no en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para alzar una voz sobre la financiación.