Ha pasado de puntillas por el ruido del procés, el drama de los asesinatos de mujeres y la gira de los Trump a los gigantes asiáticos. Pero ese Gran Hermano de la política que es el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el miércoles una de las grandes leyes que van a marcar la vida cotidiana de las administraciones públicas: la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Y su importancia radica, entre otras cuestiones, en que insta a las administraciones públicas a incorporar criterios sociales y ambientales en su contratación pública, contratación que supone cerca del 20 por ciento del PIB a nivel estatal y que convierte, por tanto, al conjunto de las administraciones públicas en el mayor empleador y el más importante consumidor del Estado.

Es verdad que llegan con casi dieciocho meses de retraso al sistema jurídico español unas directivas europeas de Contratación Pública, pero no es menos cierto que con ello se trata de alcanzar el objetivo de que las políticas de contratación del Estado y de sus instituciones sean coherentes con el resto de políticas, especialmente con las que promueven el bienestar y la equidad, la inclusión social, la dignidad en el trabajo, el respeto a la negociación colectiva y a los convenios laborales, la sostenibilidad medioambiental y la cooperación y solidaridad con otros países, para hacer de la gestión algo más efectivo y eficiente. Reas, la red de Redes Economía Alternativa y Solidaria nos recordaba esta semana que las administraciones públicas deben apostar por entidades y empresas que potencien sus objetivos sociales, económicos y ambientales para favorecer un cambio de modelo de desarrollo.

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Que se incorporen de manera transversal en toda contratación pública los criterios sociales y medioambientales, o que, siempre que sea posible, los contratos se dividan en lotes para facilitar así el acceso a los de las pequeñas y medianas empresas, son medidas avanzadas para profundizar en la democracia económica. O que se sustituya el concepto de la oferta económica más ventajosa a la hora de adjudicar contratos públicos por el de mejor relación calidad-precio. Y no digamos para el tercer sector, la posibilidad de reservar ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud a empresas y entidades de la economía social. O las múltiples posibilidades para la inclusión de cláusulas sociales, tanto en los criterios de adjudicación de los contratos como en las condiciones especiales de su ejecución.

A los consumidores nos toca jugar un verdadero papel activo, como apostar por un consumo responsable y solidario

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Junto a esta verdadera fiesta que supone la aprobación de esta Ley nos toca a nosotros, a los consumidores, jugar un verdadero papel activo, en un doble sentido. Por una parte, exigir a nuestros gobernantes que la desarrollen en el sentido apuntado y no quede en una mera declaración de intenciones. Por otra, está en juego el factor de las pequeñas decisiones del día a día que nos definen. El de apostar por un consumo responsable y solidario a la hora de pagar la factura de la luz mediante  cooperativas como La Solar o Somos Energía, la del teléfono en Somos Conexión, adquirir productos de comercio justo, contratar seguros a través de Atlantis y tener nuestro dinero en la banca ética de Fiare. ¿No te pica el gusanillo de saber algo más y de abandonar a su suerte a las grandes empresas con sus ingentes beneficios, acuerdos oscuros, puertas giratorias y campañas publicitarias como si fueran ONG? En nuestras manos está.