El desenlace del concurso para la gestión indirecta de la televisión autonómica es un capítulo inacabado más del esperpento que sufrimos en la Región de Murcia. El anuncio de que varias de las empresas que buscan ser las concesionarias del servicio pueden recurrirlo es una muestra más de que La 7 está gafada desde su nacimiento, hace ya diez años. Me atrevo a aventurar que porque surgió como un engaño más de los gobernantes populares frente a una ciudadanía abducida por el regionalismo más rancio de la época, el del ‘agua para todos’.
Sus promotores la justificaban para cohesionar la Región y frente al hecho de que nuestros vecinos tenían la suya: la valenciana de Zaplana y Camps y, ¡oh, qué peligro!, la andaluza de Canal Sur. Ni lo uno, ni lo otro. El único fin que justificaba pedirle a un grupo de empresarios amigos que se sumaran al proyecto era que un paladín del mal, un ejemplo viviente del lado oscuro, llamado Zapatero, había ganado las elecciones el 11-M de 2004 y, ¡maldita sea!, el informativo de La 1 de Telemurcia ya no iba a cantar las excelencias de Ramón Luis y a combatir todo lo que se moviera a su izquierda tal y como quería San Esteban.
El engaño, y por supuesto, el negocio para los amigos, duró casi siete años, período en que se primó a las productoras fieles, se ninguneó a la oposición política y social (cuando no se le castigó directamente), y la manipulación informativa estuvo acompañada de una programación generalista que parecía la de la TVE de los años 70. Eso sí, con la complicidad de buena parte de la profesión periodística, que calló los despropósitos y el modelo de gestión escogido, bien por el miedo al peligrar su puesto de trabajo o, al contrario, porque recibía parte de las migajas del régimen. No olvidemos que los empresarios amigos reunidos en GTM, la concesionaria, obtuvieron pingües beneficios que ya los quisieran otros empresarios murcianos que ha permanecido callados. Ahora se suman a los lamentos por el desarrollo del concurso.
Pero todo aquello pasó a la historia con el corte de la emisión en agosto de 2012, anunciado por un desliz de alguien que se fue de la lengua (véase González Pons), ya que la Región de Murcia iba a ser intervenida por Madrid a cuenta del déficit y la deuda galopantes. Desde entonces, a trancas y barrancas, se reforma la Ley de Radio Televisión de la Región de Murcia por el rodillo del PP en la Asamblea Regional, se escoge un modelo de gestión indirecta, y retraso tras retraso, parece que llegamos a un desenlace salpicado de recursos por doquier. Recursos que pueden no impedir que las emisiones se restablezcan con todas las de la ley (porque lo de ahora es irrelevante) antes de las elecciones de mayo, no sabemos para beneficiar a quién: a Ramón Luis o a Garre, a Martínez Pujalte o a… Quién sabe.
La cuestión de fondo es que la derecha sólo cree en los medios de comunicación públicos cuando le sirven a sus intereses. Entiende que son instrumentos en sus manos para ofrecer una visión sesgada de la realidad, un negocio puro y duro, y al precio que sea. El servicio público o el derecho de acceso a esos medios por los grupos sociales y políticos, por la sociedad civil, quedan proscritos, pero de esto hablaremos en otro momento. El sainete no ha acabado.