Corría el año 1993 y el entonces arzobispo de Madrid, Ángel Suquía, finalizaba su segundo mandato al frente de la Conferencia Episcopal Española. Los obispos participaban en unos ejercicios espirituales previos a la Asamblea Plenaria en la que tenían que elegir a su nuevo presidente y entre ellos se encontraba un representante diplomático muy especial: el nuncio Mario Tragliaferri. Las crónicas de información religiosa del momento contaban que el candidato que Roma veía con mejores ojos para asumir la cabeza de ese órgano del episcopado español era el arzobispo de Barcelona, el valenciano Ricard María Carles. Y por él ‘hizo campaña’ el nuncio entre los pastores durante esos días con el fin de guiar su voto unas jornadas después. Pero llegó la sorpresa: el elegido fue Elías Yanes, a la sazón arzobispo de Zaragoza y representante del sector más progresista del episcopado.

¿Qué había pasado? ¿Por qué no habían seguido los dictados que aparentemente marcaba Roma? Pues por una razón muy sencilla: porque la intromisión en los asuntos que tienen que ver con las decisiones que afectan a la autonomía de la Iglesia, en este caso de sus pastores y desde el exterior, nunca es bien recibida. Ni aunque llegaran de manos de un personaje de la casa. Una autonomía que la Iglesia defiende a capa y espada (no es literal) por mucho que parezca lo contrario y salvando siempre, eso sí, que los análisis, etiquetas y las categorías que funcionan en la sociedad civil no tienen su traslación automática en el mundo eclesial.

Pocos años después de esa tormentosa elección episcopal dos personajes que esta semana han protagonizado la actualidad regional y nacional se veían entonces las caras con un obispo de por medio. Uno de ellos ocupaba la Dirección General de Juventud del Gobierno de Murcia y el otro la Presidencia del Consejo de la Juventud. Uno estaba en los fulgurantes inicios de su carrera política en un Partido Popular que acababa de desembarcar en el poder autonómico que hasta entonces estaba en manos del PSOE rival. El otro había llegado a la cabeza del Consejo como representante de los ‘gepejotas’, los grupos parroquiales de jóvenes promovidos por la siempre activa Delegación de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Cartagena. Y era presidente porque había contado con los votos de las organizaciones juveniles más progresistas y de la izquierda frente al candidato popular de Nuevas Generaciones.

Una campaña del Consejo de la Juventud sobre el uso de métodos anticonceptivos, que incluía el reparto de preservativos, fue el detonante para que el director general de la cosa se dirigiera al obispo Javier Azagra para advertirle de que ‘su representante’ en el Consejo se había aliado con los izquierdistas y contravenía, a su entender, la doctrina de la Iglesia en cuanto a los condones. Desconocía ese ya ambicioso político que la Iglesia defiende la autonomía frente a lo temporal más de lo que cualquier mortal pueda imaginar. Y que sólo basta con que alguien desde la esfera política pretenda influir y condicionar las actuaciones de un pastor como para que esas recomendaciones duerman el sueño de los justos. No ha sido el primero ni el último cargo público que lo ha intentado en Murcia y la respuesta ha sido la misma: usted a sus asuntos y la Iglesia a seguir su misión. Pedro Antonio Sánchez no pudo desbancar a Miguel Sánchez al frente de la Presidencia del Consejo de la Juventud con la excusa de las gomitas. Algo parecido a lo que le ocurrió al nuncio Tagliaferri. De lo sucedido esta semana en la Región de Murcia ustedes ya tienen cumplido conocimiento. Uno ha dejado de ser presidente de la Región de Murcia. El otro sigue siendo portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional.