Fue personalmente muy duro contemplar el pasado miércoles por la noche la imagen del conseller de Salut de Catalunya, Toni Comín, estampando su firma en la ley de convocatoria del referéndum,  bajo la mirada atenta del presidente Carles Puigdemont. Máxime cuando durante años he compartido con él los principios del grupo de Cristianos Socialistas que, entre otros, van de la mano de la solidaridad, la justicia, el bien común y el compromiso con los más débiles. Principios que, amén de que se haya quebrantado la legalidad constitucional, no tienen apenas que ver con la división y el enfrentamiento interterritorial que con la apuesta social por corregir las desigualdades y hacer de la política el noble arte de resolver los asuntos de la ciudadanía. Toni Comín fue diputado autonómico del PSC, partido que abandonó en 2014.

Momento en el que Toni Comín firma el decreto de la Ley del Referendum.

No es serio ni democrático lo ocurrido esa noche en el Parlament de Catalunya: la aprobación, con el apoyo de Junts pel Sí (JxSí) y de la CUP, de la ley del referéndum, y un día después, el jueves, la fundacional de la república y de transitoriedad jurídica. Todo ello con procedimientos que se saltaron las garantías del propio Parlament y de los usos parlamentarios de las democracias avanzadas.

Ya tiene poco sentido volver a esos errores, así como esperar que la apelación buenista al diálogo pueda salvarnos del choque frontal

Los errores acumulados en los últimos diez años han sido muchos y de muchos. Fue fatal el recurso de inconstitucionalidad del PP al Estatut. Fue miope la falta de visión sobre la necesidad de un gobierno estatutario pactado por Montilla y Mas. Fue letal la sentencia de inconstitucionalidad a un Estatut aprobado por los parlamentos y por el pueblo catalán. Fue un desacierto de origen la unilateralidad en el planteamiento del referéndum. Y ha sido un desastre la lectura que JxSí hizo de un resultado electoral que, siendo plebiscitario, les dio una débil mayoría parlamentaria ante una mayoría justa de votos en contra. En lugar de replantear la estrategia hacia la búsqueda de pactos, la radicalizó, más aún por su necesidad de la CUP.

Pero ya tiene poco sentido volver a esos errores, así como esperar que la apelación buenista al diálogo pueda salvarnos del choque frontal. Sólo será posible recomenzar cuando el nacionalismo catalán fracase en su intento y cuando el nacionalismo español esté dispuesto a un nuevo enfoque que reconozca la plurinacionalidad y la singularidad de Cataluña.

El Roto, en el El País (8Sept2017)

Lo sucedido esta semana ha desencadenado la fase crítica de este conflicto. No hay marcha atrás. Será máximo el tensionamiento hasta el 1 de octubre. Entraremos en una compleja madeja de legitimidades jurídicas. Y la clave va a ser la movilización ciudadana. Si es una movilización parable o imparable. Votos habrá. Sin garantía ninguna. Y seguramente habrá intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Después qué? O independencia de facto, para lo que creo que el independentismo no tiene fuerza social ni política suficientes, o elecciones anticipadas. O, un tercer escenario: un empantanamiento jurídico que prorrogue el pulso.

La iniciativa política está muy condicionada por quienes son los que asumen la responsabilidad de liderarla

Es un hecho que Cataluña tiene un vacío constitucional. Sólo será posible retomar las cosas con una reforma constitucional, pero me temo que tras este incendio va a hacer falta mucho tiempo para regenerar las condiciones que permitan restablecer un nuevo pacto constitucional suficientemente conforme a las exigencias catalanas.

En este sentido, coincido plenamente con las posiciones de quienes defienden, como Mariola Urrea, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de La Rioja, que no existe un derecho a la autodeterminación en los términos que recoge la Llei del referéndum d’autodeterminació aprobada el miércoles. Que hay que dar respuesta con una propuesta política que facilite el reencaje de Cataluña en un renovado proyecto de país (reforma constitucional que reconozca las particularidades de algunos territorios y exija, a cambio, una indiscutible lealtad federal).

El Govern de Catalunya, la noche del pasado miércoles.

Además, parece necesario revisar el sistema de financiación autonómico, reformar el procedimiento de participación de España en la Unión Europea, superar las distorsiones del actual sistema electoral y dotar de mayor legitimidad a la Monarquía entre las generaciones que no votaron la forma de gobierno. Todo ello, eso sí, teniendo en cuenta que la iniciativa política está muy condicionada por quienes son los que asumen la responsabilidad de liderarla. ¿Estarán a la altura de las circunstancias?

También estoy de acuerdo con el planteamiento de Ramón Jáuregui, cuando afirma que “ningún proyecto político puede concebirse sin tener a Europa como referencia y tampoco el de la independencia para Cataluña”. Y por eso mismo la transición jurídica a la República Catalana será imposible en España, pero es inimaginable fuera de Europa. Sin moneda europea, sin presencia institucional en el mundo, sin participar de las grandes políticas europeas de comercio, investigación, etc.; sin coordinar los grandes servicios públicos en sanidad o seguridad, sin soporte financiero ni lugar en el mercado único… “Es como flotar en el vacío, como una chatarra espacial, perdida en el infinito de la ingravidez, es decir, de la nada”, concluye.