Quienes estudiamos la EGB siempre teníamos como destino obligado en alguno de los viajes de fin de curso de la época el Valle de los Caídos. Era la visita que se hacía el mismo día que el Monasterio de San Lorenzo del Escorial, y aquellos púberes no salíamos de nuestro asombro ante la presencia de una cruz de hormigón impresionante en mitad de la sierra madrileña, mezclada con el panteón del Generalísimo. Nos contaban algunas de las historias que rodearon la construcción de aquel descomunal mausoleo y al paso de los años hemos ido conociendo diversas polémicas acerca del fin que se le debía dar a tan fastuoso ejemplo de la megalomanía de su promotor.
Coincidiendo con la decisión de otorgar el Ducado de Franco a Carmen Martínez-Bordiú, en un gesto genial del ministro de Justicia reprobado Rafael Catalá el día anterior de la moción de censura a su maestro Mariano Rajoy (¿recuerdan?), se discute estos días qué hacer con el Valle de los Caídos y, sobre todo, qué hacer con los restos de Franco.
Hace ya siete años, una comisión de expertos auspiciada por Ramón Jáuregui, entonces ministro de la Presidencia, proponía una resignificación democrática del lugar con ánimo reconciliatorio. Se compartía que el Valle debía de ser un lugar memorial de todas las víctimas de la Guerra Civil. Porque no olvidemos que allí yacen los restos registrados de 33.847 personas, de los cuales unas 21.400 son de víctimas identificadas y unos 12.400 de no identificadas. Miles de ellas habían sido enterradas en fosas comunes cerca de las paredes de los cementerios, en descampados y cunetas. A partir de 1959, desde múltiples pueblos y ciudades de España, fueron trasladadas y depositadas en los columbarios del Valle.
Eso implica exhumar a Franco, porque no es víctima: murió de forma natural. Porque su actuación fue causa de la guerra. Porque su presencia distorsiona el significado del lugar. Con su tumba, el monumento deja de ser un memorial de víctimas para convertirse en un mausoleo del dictador.
El Informe de aquella Comisión ha sido apoyado por diferentes grupos parlamentarios, incluido Ciudadanos, pero no el PP. Incluso la Iglesia, que en su momento no quiso verse comprometida con las conclusiones del Informe, hoy apoya el talante y su contenido.
Como señala Carlos García Andoín, componente de aquella Comisión, no obstante, hay otro actor relevante que se suele olvidar: el Rey. El Valle de los Caídos es regido por Patrimonio Nacional, donde se gestiona todo el patrimonio de la Corona española, pero hay otro dato más importante aún. Quien ordenó la entrega de los restos de Franco al Abad Lojendio, fue el Rey Juan Carlos, como Jefe de Estado. Luego es el actual Rey quien debiera ordenar al Abad la entrega de los restos a su familia para su inhumación en otro lugar.
A mi juicio, siguen vivas las recomendaciones de los expertos: construir un memorial civil en la explanada del Valle; dignificar la situación de los restos, los columbarios y las criptas; edificar un centro de interpretación del lugar; mantener el uso religioso del templo, sin resabio alguno del espíritu nacional-católico franquista. Y exhumar los restos de Franco del templo y la reubicación de los de José Antonio Primo de Rivera en un lugar no destacado. Hacer del Valle un memorial de la reconciliación es un gran reto para cerrar de verdad las heridas de la Guerra Civil y la represión.
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