La legislatura entra en su último año con una experiencia singular marcada por la pandemia, la confrontación política, la guerra de Ucrania y la crisis energética y climática.
La aprobación de 75 leyes, junto a la convalidación de 87 reales decretos-leyes, es el balance, hasta mediados de septiembre, de una legislatura, la XIV, con el primer Gobierno de coalición en el panorama reciente político español. Nunca hasta ahora la joven democracia española había conocido un consejo de ministros formado por representantes de varias formaciones políticas.
El tradicional bipartidismo, marca de la casa desde el año 1977 y que ya se había quebrado con el resultado de las elecciones de 2015 (Podemos y sus coaliciones obtuvieron 67 diputados y Ciudadanos, 40), dejó paso en enero de 2020 a la formación de un Gobierno distinto.
En este Ejecutivo, el PSOE ocupó 17 carteras ministeriales, que se sumaron a las 5 de la formación política liderada por Pablo Iglesias, incluida una de las cuatro vicepresidencias. Para llegar a este momento había sido necesaria una repetición electoral en noviembre de ese mismo año 2019 tras la imposibilidad de un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez.
Ruptura del bipartidismo
«Quedó demostrado que se podía romper una cláusula histórica de que solo gobernaría el bipartidismo, una experiencia que iba a ser determinante sobre todo para las generaciones más jóvenes, aquellas que impulsaron el 15-M». Así lo asegura Javier Sánchez Serna, secretario de la Mesa del Congreso y diputado de Unidas Podemos por Murcia.
Si hay algún rasgo sobre el que construir el relato del Gobierno de coalición es el de que los acontecimientos externos han manejado los tiempos políticos de la gestión desde sus inicios: en marzo, la pandemia de coronavirus y sus consecuencias; dos años después, la invasión rusa de Ucrania. Y hasta podemos sumar una nueva crisis del capitalismo, en la que se incluyen las consecuencias de la emergencia climática, junto al colapso de las fuentes energéticas basadas en los combustibles fósiles.
Pero a diferencia de crisis anteriores, como la de 2008 con el boom inmobiliario y las hipotecas basura, las medidas del Gobierno de España no han ido en el sentido de un austericidio que castigase a los sectores populares más vulnerables. «Hemos ido confirmando que la crisis esta vez no la pagamos la gente, sino que ha habido un reparto equitativo de los costes y se ha impulsado un escudo social para proteger a los más débiles», indica Sánchez Serna.
Reparto de la crisis
La aplicación de los ERTE, que han salvado millones de empleos y cientos de miles de empresas o la aprobación del permiso retribuido recuperable para que los trabajadores no esenciales permanecieran en casa manteniendo sus ingresos, fueron algunas de esas medidas. Como la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional a las personas en situación de vulnerabilidad o la ampliación de la prórroga de los contratos de alquiler durante seis meses para evitar subidas abusivas.
O la prohibición de cortar los suministros (agua, luz, gas) a los consumidores más débiles, junto a la ampliación del bono social o la aprobación de 7.000 millones en ayudas directas para sectores especialmente afectados (hostelería, turismo, comercio, etc.).
De forma paralela se han ido aprobando leyes y medidas con los objetivos de un empleo de calidad y salarios dignos, como la subida del salario mínimo de 735 a 1.000 euros al mes (un 36%). También la primera reforma laboral que supone una recuperación de derechos para los trabajadores y trabajadoras y que incorpora medidas ambiciosas para luchar contra la temporalidad y la precariedad, así como para reequilibrar la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios.
Hay que sumar la prohibición del despido objetivo por bajas médicas y la despenalización de los piquetes o la ley rider para acabar con el fraude de los falsos autónomos en las plataformas digitales de reparto, con una normativa pionera en Europa y el resto del mundo para proteger a un colectivo hasta entonces desprotegido social y jurídicamente. Amén del reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar, de su derecho a paro y protección por desempleo.
Complicidad de otras fuerzas
Sin olvidar claro está, en el balance de estos casi tres años de gobierno, entre muchas otras, de leyes relativas en materia de igualdad, derechos feministas y LGTBI.
Se suman la revalorización de las pensiones, la mejora de la calidad de las residencias de mayores, los derechos de la infancia y la juventud, y la defensa de la educación y sanidad públicas.
Además, hay que contar la creación del ingreso mínimo vital y otras medidas legislativas de calidad democrática y derechos fundamentales, como la ley de la eutanasia o la de memoria democrática, y la derogación del voto rogado y de la ley Berlusconi para no demorar la instrucción de causas judiciales.
Hay que contar con el papel que han jugado otras fuerzas políticas a la hora de respaldar la inmensa mayoría de las medidas impulsadas por el Ejecutivo. Ahí están ERC, Bildu, el PNV, Más País o Compromís, aliados en su momento en la moción de censura que derrotó al PP de la corrupción de Mariano Rajoy.
A juicio de Unidas Podemos, en estos años de Gobierno de coalición, «hemos aprendido que formar parte del Consejo de Ministros no es tener el poder, que cada paso cuesta mucho y que los procesos políticos necesitan contar con mucho pueblo detrás, sobre todo para reclamar el derecho a la vivienda o a la sanidad», precisa el diputado murciano.
«También es verdad que el Gobierno ha encontrado grandes limitaciones, especialmente porque la pandemia ha llevado consigo la desmovilización, pero solo haber formado parte del mismo ha sido una victoria», precisa, a la vez que señala que «al PSOE también le ha venido bien que estuviésemos nosotros, porque ha comprobado que se puede gobernar en coalición y les han salido más colmillos frente a los poderes fácticos; hay medidas que han salido adelante porque estábamos nosotros».
Leyes mordaza y de vivienda
La tramitación de la primera Ley de Vivienda, para poder regular los alquileres, frenar los desahucios y ampliar el parque público de vivienda, aprobada en Consejo de Ministros en febrero de 2022 y ahora en fase de ponencia, es uno de los retos pendientes.
«Hemos solicitado que se acelere al máximo su aprobación para responder a la emergencia habitacional, al igual que esperamos la derogación de la ley mordaza y la aprobación de los Presupuestos para 2023, que garanticen el escudo social frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania».
A esos escenarios se sumará la reforma fiscal, con el fin de que las cargas y los ingresos se repartan de una manera justa, y no soporten las rentas del trabajo las pensiones, la sanidad o la educación, mientras que el capital y las grandes empresas se queden fuera.
Todo ello en medio de un clima de crispación política promovida desde el PP y VOX, con un discurso de fondo: la visión patrimonialista del Estado que tiene la derecha y que siempre trata de deslegitimar cualquier Gobierno de izquierdas o progresista. Sin olvidar la incertidumbre por la situación económica, aderezada por una guerra mediática (y, por tanto, cultural) en la que los medios de comunicación no son neutrales.
Artículo publicado en el número 1654 (octubre 2022) de la revista Noticias Obreras
Resumen de logros del Gobierno
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