El periodista murciano publica ‘Los dueños del Estado’, un libro que revela cómo altos funcionarios ejercen el poder lejos del foco público
“La opacidad de los altos cuerpos del Estado no es un accidente: es parte de su poder”. Así lo asegura Rafael Méndez (Murcia, 1975), periodista que ha trabajado en El País, El Confidencial, Eldiario.es y en la actualidad en la productora de Salvados, el programa de Jordi Évole. Durante años ha investigado a los cuerpos más influyentes y menos visibles de la Administración española: abogados del Estado, letrados del Consejo de Estado, letrados de Cortes. Lo que encontró —endogamia, puertas giratorias, compatibilidades opacas y un poder ejercido en silencio— lo llevó a escribir Los dueños del Estado (Península, 2026) un libro que ilumina un territorio donde casi nadie mira. En esta conversación con La Opinión de Murcia, Méndez explica por qué decidió abordar este ángulo muerto del poder público y qué consecuencias tiene para la calidad democrática.
-¿En qué momento sintió que era necesario escribir un libro sobre aquello de lo que no se habla dentro de la alta función pública?
-Hubo un momento en el que comprendí que estaba ante un fenómeno conocido por muchos dentro de la Administración, pero prácticamente invisible para el resto del país. Tras años cubriendo política, tribunales, economía y también medio ambiente, me di cuenta de que ciertos comportamientos se daban por asumidos, pero nadie los había puesto negro sobre blanco.
Un antiguo jefe me repetía: “Todo el mundo lo sabe, pero ¿dónde está contado?”. Esa frase me acompañó durante toda la investigación. Cuando empecé a trabajar sobre los abogados del Estado, un cuerpo me fue llevando a otro: letrados del Consejo de Estado, letrados de Cortes… y descubrí que había un ecosistema entero de poder discreto, endogámico y con enorme capacidad de influencia. Un editor amigo me insistía en que debía convertirlo en libro porque, si no, se perdería. Y tenía razón: no estaba contado.
Cuando ves que un cuerpo con tanto poder opera así, a plena luz del día, entiendes que hay un ángulo muerto que merece ser contado
-¿Hubo algún caso concreto que le hiciera ver que no eran episodios aislados, sino un problema estructural?
-Sí: el Consejo de Estado. Fue el punto de inflexión. Al investigar a sus letrados descubrí una estructura profundamente endogámica, con sagas familiares que se sucedían generación tras generación, compatibilidades concedidas sin control y profesionales que, pese a cobrar sueldos públicos, apenas acudían a su puesto porque trabajaban en despachos privados. Lo más sorprendente es que todo era público… y, aun así, nadie lo señalaba. Dentro del propio Consejo lo sabían, pero lo consideraban normal. Cuando ves que un cuerpo con tanto poder opera así, a plena luz del día, entiendes que hay un ángulo muerto que merece ser contado. Ahí supe que había un problema estructural, no una colección de anécdotas.
-Son actores con mucho poder, pero con escasa visibilidad. ¿Por qué ese anonimato forma parte de su influencia?
– Porque la opacidad es una forma de poder. Quien no está expuesto al escrutinio público puede operar con mucha más libertad. Mientras los focos se centran en los políticos o en grandes empresarios como Florentino Pérez, a su lado siempre hay un abogado del Estado o un alto funcionario que toma decisiones cruciales sin que nadie repare en él. Ese anonimato les protege. Un subsecretario o un abogado del Estado puede dimitir “por motivos personales” aunque haya sido condenado en un laudo millonario, y apenas genera ruido. Su poder reside precisamente en que nadie mira ahí. Y cuando nadie mira, las dinámicas se perpetúan.
El libro del periodista murciano ya va por la segunda edición. | ASIS AYERBE
-¿Qué efectos tienen estas puertas giratorias y compatibilidades en la calidad democrática?
-El efecto más evidente es la descapitalización de lo público. Si un abogado del Estado sabe que puede pasar de un día para otro a un despacho que trabaja para las mismas empresas reguladas con las que trataba en la Administración, es legítimo preguntarse hasta qué punto defenderá con firmeza los intereses del Estado. No se trata de cuestionar su capacidad, sino de señalar un conflicto estructural: la Administración no se ha protegido frente a estas dinámicas. Nunca se ha legislado para evitar que quien pleitea contra el Estado conserve su plaza. Y eso tiene consecuencias: erosiona la independencia, debilita la capacidad regulatoria y genera incentivos perversos.
Ningún ministro quiere enfrentarse a quien controla los informes, los dictámenes o la maquinaria jurídica del Estado.
-¿Es un problema de leyes, de ética o de estructura?
-Es una combinación de las tres. De leyes, porque nunca se ha regulado adecuadamente. De ética, porque hay decisiones que, aunque legales, son difíciles de justificar. De estructura, porque los políticos dependen de estos altos funcionarios para que la Administración funcione.
Ningún ministro quiere enfrentarse a quien controla los informes, los dictámenes o la maquinaria jurídica del Estado. Y si no hay incentivos para cambiar algo, lo normal es que no se cambie.
-En el libro aparecen nombres concretos. ¿Cómo decidió qué casos incluir y cuáles dejar fuera?
-La selección fue necesariamente subjetiva. No quería un libro académico ni una lista interminable de nombres, sino un relato comprensible para cualquier lector. Elegí los casos sobre los que tenía más información y que mejor ayudaban a explicar el funcionamiento de estos cuerpos. Algunos episodios, aunque relevantes, no encajaban en la narrativa y los dejé fuera. Preferí mantener el ritmo y la coherencia antes que hacer un inventario exhaustivo. Mi objetivo era que el lector entendiera el fenómeno, no que se perdiera en un catálogo de nombres.
-¿Ha recibido reacciones adversas por parte de altos funcionarios?
-La reacción más frecuente ha sido: “Ya era hora de que se hablara de esto”. Muchos altos funcionarios en activo me han dicho que el libro se queda incluso corto. Sé que hay quien se ha molestado, pero no he recibido ataques directos. Y si el libro ha servido para que la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, anuncie que estudiará las incompatibilidades —algo que conocían desde hace décadas—, ya ha cumplido parte de su función. La mayoría entiende que iluminar estas zonas oscuras es sano para la democracia.
-Analiza también el papel de las grandes empresas. ¿Qué implica que tantas del IBEX tengan abogados del Estado como secretarios del consejo?
-Implica un riesgo claro de captura del regulador. Estos profesionales conocen las normas, los procedimientos y, sobre todo, a las personas. Han trabajado con quienes luego deben supervisar. Para una empresa regulada, contar con alguien que sabe cómo funciona la Administración por dentro es un activo enorme. Para el Estado, puede ser un problema si no se establecen límites claros. Y no solo ocurre en el IBEX: también en consultoras, despachos internacionales o empresas que operan desde Londres o Bruselas.
La prensa tiene responsabilidad, pero también limitaciones. Las redacciones trabajan con urgencias constantes y con la presión de la audiencia.
-También hace autocrítica sobre el periodismo. ¿Qué responsabilidad tiene la prensa en mantener o desvelar estas dinámicas?
-La prensa tiene responsabilidad, pero también limitaciones. Las redacciones trabajan con urgencias constantes y con la presión de la audiencia. Estos temas requieren tiempo, contexto y paciencia, y no siempre encajan en la agenda diaria. Aun así, creo que algunos medios deberían asumir el reto. No para hacer enemigos, sino para cumplir la función esencial del periodismo, que es iluminar zonas oscuras del poder. Y, paradójicamente, desde que publiqué el libro recibo más información que antes. Mucha gente dentro de estos cuerpos estaba deseando que alguien contara lo que ellos no podían contar.
-¿Existe voluntad política para abordar este problema o incomoda a todos los partidos?
.No veo voluntad política, ni en el Gobierno actual ni en uno futuro. Es un asunto que no da rédito electoral, que exige enfrentarse a cuerpos muy poderosos y que no genera titulares fáciles. La política vive instalada en el corto plazo, y esta reforma exige visión de Estado. Por eso dudo que llegue. Mi papel, como periodista, es contarlo. Si otros actores no actúan, al menos la ciudadanía tendrá más información.
-¿Le preocupa que algunos lectores interpreten el libro como un ataque al funcionariado?
– Sí, y por eso añadí un epílogo aclaratorio. El libro no es un ataque a los funcionarios, igual que denunciar irregularidades en un hospital no es un ataque a la sanidad pública. Muchos altos funcionarios han colaborado conmigo porque quieren que estas prácticas se conozcan. La crítica se dirige a dinámicas concretas, no al conjunto del servicio público. Creo que el lector atento lo entiende.
-¿Qué le gustaría investigar ahora? ¿Quedan áreas opacas dentro del Estado?
-Quedan muchas. Los técnicos comerciales del Estado, por ejemplo, han marcado la política económica española durante décadas. También los diplomáticos. Pero quizá me apetezca cambiar de tema y explorar algo completamente distinto. Después de este libro, necesito aire fresco. Ya veremos hacia dónde me lleva la curiosidad.
