Hay fenómenos sociales que no llegan de golpe: no hacen ruido, no vienen con sirenas ni ocupan titulares durante semanas. Se instalan poco a poco en la vida cotidiana hasta que un día descubrimos que condicionan casi todo. Qué les voy a contar que no sepan. Mejor dicho, que no hayan padecido ustedes, sus padres o sus hijos. Sí, les hablo de la vivienda.
Según una reciente encuesta sobre la situación residencial en España, ocho de cada diez personas creen que garantizar el acceso a la vivienda debería ser prioritario, y cada vez más ciudadanos la ven como uno de los principales problemas del país. El barómetro de octubre del CIS refleja un aumento de 18,2 puntos en la preocupación por la vivienda tras las movilizaciones y el caso Maricarmen. También muestra amplio respaldo a proteger a las personas vulnerables frente a los desahucios y a medidas de intervención pública, aunque los decretos del Gobierno dividen a la ciudadanía.
Puntuales a la meta
No hace falta leer estadísticas para verlo. Basta escuchar cualquier conversación en un bar, en la cola del supermercado o en la puerta de un instituto: siempre hay alguien que busca alquiler sin éxito, una pareja que aplaza sus planes o unos padres que siguen compartiendo casa con hijos que ya deberían haberse independizado.
El otro día, al leer unas reflexiones sobre la vivienda desde el ámbito cristiano del economista Enrique Lluch, pensé en una imagen muy murciana y ciclista. Imaginemos la sociedad como una gran avenida con carril bici: algunos avanzan en bicicletas eléctricas de última generación; otros pedalean en una vieja bici heredada; y muchos ni siquiera han podido subirse porque el precio de la bicicleta se ha disparado, aunque se les siga exigiendo llegar puntuales a la meta.
Algo parecido ocurre con la vivienda. Nos hemos acostumbrado a hablar del problema como del tiempo: que si los alquileres están imposibles, que si los pisos vuelan, que si la gente joven se marcha donde puede… Lo decimos con resignación, como si fuera inevitable y no tuviera responsables, decisiones ni consecuencias.
Exclusión silenciosa
Pero no estamos ante una tormenta pasajera, sino ante una forma silenciosa de exclusión. Hay personas que trabajan, madrugan, pagan impuestos y sostienen servicios esenciales y, aun así, no pueden acceder a una vivienda digna. Hacen lo que la sociedad les pide y descubren que el premio prometido se aleja cada año un poco más.
Es como pedalear durante horas cuesta arriba y descubrir que alguien ha movido la meta justo cuando ibas a alcanzarla. Y cuando protestas, siempre aparece algún experto en optimismo obligatorio o en psicología positiva para decirte que te esfuerces más. Porque, al parecer, los precios bajan solos si uno desayuna fuerte y mantiene una actitud positiva.
La tradición cristiana, más sensata de lo que a veces creemos, siempre vio la vivienda como algo más que una propiedad. Una casa es refugio, estabilidad y arraigo: el lugar de las fotos familiares, las heridas curadas, los cumpleaños y esa silla medio rota que nadie tira porque aún forma parte de la historia.
Ilustración de NANA PEZ
Sin embargo, hemos terminado hablando de viviendas como quien analiza la Bolsa: metros cuadrados convertidos en mercancía, hogares en activos y vecinos en oportunidades de negocio. Y surge una pregunta incómoda para creyentes y no creyentes: ¿cuándo aceptamos que la rentabilidad valía más que la dignidad?
Cuando el mercado se vuelve una religión laica, aparecen paradojas difíciles de explicar: personas que buscan una habitación mientras otras acumulan viviendas como trofeos.
Viviendas para vivir
Quizá el gran desafío sea recuperar una idea sencilla y revolucionaria: una vivienda está hecha para vivir, no para especular. Detrás de cada contrato hay una persona; detrás de cada desahucio, una historia; detrás de cada joven que sigue en casa de sus padres, muchas veces, no hay un fracaso individual, sino colectivo.
Mientras tanto, seguimos pedaleando. Algunos avanzan por avenidas perfectamente asfaltadas.
Otros esquivan baches, bordillos y obstáculos. Y algunos siguen esperando una bicicleta que nunca llega. Lo preocupante no es solo que la carrera sea injusta, sino que hayamos empezado a verlo normal. Cuando una injusticia se convierte en paisaje, ni siquiera el timbre de una bici consigue despertarnos.
Nuestra sociedad, como los motores averiados, suele funcionar durante mucho tiempo con un ruido extraño al que nadie presta atención. El traqueteo está ahí. Los síntomas son evidentes. Incluso hay quien advierte de que la avería está a punto de llegar, pero nada ocurre. La rutina del día a día tiene una capacidad extraordinaria para convertir en paisaje aquello que debería alarmarnos. Hasta que aparece una chispa.
No siempre es un gran acontecimiento. A menudo es una imagen. Una fotografía. Un vídeo grabado con un teléfono móvil. Una escena tan sencilla que cualquiera podría haber pasado por delante de ella cien veces sin detenerse. Y, sin embargo, algo sucede. La imagen atraviesa la costra de la indiferencia colectiva y se instala en la conciencia de miles de personas. El desalojo de Maricarmen, sin ir más lejos, es un ejemplo.
Lo curioso es que el problema ya existía antes de que llegara ese momento. Desde hace años, desalojos como ese venían produciéndose a diario. Un malestar controlado que, sin apenas repercusión, por ejemplo, en los medios, llevaba años ocurriendo. Pero el malestar estaba acumulado. Las razones objetivas para la protesta sobraban. Lo único que faltaba era el detonante.
Historia de ejemplos
La historia reciente está llena de ejemplos. La conmovedora imagen del niño sirio Aylan Kurdi, muerto sobre la arena de una playa turca, destapó el drama de los refugiados. Su cuerpo menudo sin vida, que parecía dormido, golpeó las conciencias de las sociedades europeas para despertarlas de un letargo. El drama de los refugiados se coló en nuestras conversaciones y movilizó a quienes hasta entonces habían mirado hacia otro lado.
Las imágenes de la costa gallega afectada por el chapapote, hace ya más de veinte años, movilizaron a jóvenes de toda España. Hizo lo propio, más recientemente, la muerte de inmigrantes y de manifestantes a manos de agentes del ICE, el servicio de control de inmigración y aduanas de EEUU, que fue el detonante para poner en el escenario público lo que estaba pasando en el país de las libertades.
Ahora, las acampadas que protagonizan miles de jóvenes en plazas de ciudades españolas no han surgido de la nada. Otro drama, en esta ocasión, el derecho de acceso a una vivienda digna de una generación entera, presenta una realidad en la que son más intensas las incertidumbres que las oportunidades. Ha sido necesario que las plazas se llenaran de tiendas de campaña, de carteles hechos a mano y de asambleas improvisadas, para que el país entero dirija la mirada hacia una realidad que ya estaba ahí.
De repente, aquello ha dejado de ser un problema de unos cuantos jóvenes para convertirse en una conversación nacional. Y entonces ha ocurrido algo que también se repite con frecuencia. Los partidos políticos reaccionan, aunque no todos. Los medios multiplican la atención. Los tertulianos descubren de la noche a la mañana un asunto que hasta entonces apenas ocupaba espacio en la agenda. La opinión pública comieza a moverse.
Forma de ver la realidad
Esta sacudida ha llegado, no porque la realidad hubiera cambiado de un día para otro, sino porque ha cambiado la forma de verla. Vivimos convencidos de que las transformaciones sociales nacen de grandes discursos o de complejas estrategias políticas. Sin embargo, muchas veces surgen de algo mucho más elemental. Una imagen logra poner rostro a una estadística. Un gesto convierte una abstracción en una experiencia tangible.
No somos ingenuos. Estos latigazos de realidad no llegan a todos. Ni tampoco un detonante lleva aparejada una respuesta transformadora. Las escenas de la crisis humanitaria vivida en Ceuta hace dos meses, convenientemente utilizadas en un clima polarizado y sembrado de odio al diferente (cuando es pobre, claro), también son capaces de encerrarnos más en los prejuicios y en el rechazo. Si, además, son abonadas por quienes desde la política institucional buscan alcanzar sus objetivos de llegar al poder al precio que sea, el cóctel está servido.
Pero la fuerza de esos momentos reside precisamente en su sencillez. Nos obligan a mirar donde antes apartábamos la vista. Nos recuerdan que detrás de los porcentajes hay personas. Quizá por eso las sociedades cambian tan despacio y, al mismo tiempo, tan deprisa. Y a veces una sociedad necesita exactamente eso: alguien que pulse el interruptor. Porque no hay nada más poderoso que una realidad que deja de poder esconderse.
Una: el martes pasado, Antonia Mayol veía aplazado el desahucio de la vivienda que había comprado hace casi treinta años en Alcantarilla. El fondo buitre que la adquirió parece que no se aviene a negociar. Dos: Maricarmen, una mujer de 87 años fue desahuciada el miércoles por la noche de su casa en Madrid, tras siete décadas viviendo en ella. Este hecho ha provocado una gran reacción social que se echaba de menos. Tres: la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) centra este año su atención en las consecuencias que tiene para las personas y las familias trabajadoras, especialmente para las personas jóvenes, la negación práctica del derecho a la vivienda.
Estas noticias no son solo noticias. Son bofetadas. Las tres en su conjunto son historias que se tocan como dos cables pelados. Menudo chispazo. Realidad pura. Porque lo que ocurre con ambas mujeres no es una excepción, sino el rostro más crudo de la realidad en la que cuando el derecho a la vivienda y el derecho al trabajo se convierten en mercancía, la vida se vuelve un ejercicio de supervivencia.
Vida digna
Y eso, aquí en la Región de Murcia, lo sabemos bien: las ejecuciones hipotecarias se dispararon en el primer semestre en la Región de Murcia hasta alcanzar los niveles de la pandemia. Los procedimientos aumentaron casi un 40 por ciento en el último año tras registrar un total de 475 durante el primer semestre, la cifra más alta desde 2021. Adrián González nos lo recordaba hace unos días en las páginas del diario La Opinión.
Trabajo y vivienda son dos derechos que deberían sostener una vida digna, no dinamitarla. Pero hoy funcionan como dos puertas cerradas: salarios que no alcanzan, alquileres que se disparan, jóvenes que encadenan contratos de semanas y familias que viven con la angustia de no saber si podrán pagar el mes siguiente.
Y mientras tanto, en Madrid, una anciana es expulsada de su casa porque una inmobiliaria decidió multiplicar por cinco el alquiler. No por necesidad, sino por lógica de mercado, esa que convierte la dignidad en una línea de Excel. Incluso rechazaron el pago íntegro garantizado por una persona solidaria. Ahí está el punto: cuando la vida se mide en rentabilidad, la justicia se queda sin sitio.
Ilustración | NANA PEZ
Escenas de parábola
Las escenas de estos desahucios son casi una parábola: una anciana en camilla, una mujer en silla de ruedas acompañada por su hija y su nieto. En el caso de la capital de España, con cientos de vecinos gritando que no está sola y poniendo negro sobre blanco el escándalo del ático de Ayuso. En nuestra Región, con el calor de la buena gente de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH). Frialdad institucional frente a calor comunitario.
No hace falta irse a Madrid para ver la herida. Aquí, en nuestros barrios, hay jóvenes que viven en habitaciones de paso, familias que destinan más del 50 por ciento del sueldo al alquiler, y las personas trabajadoras que, aun con dos empleos, no pueden plantearse un futuro estable. La imposibilidad de construir una vida digna cuando trabajo y vivienda fallan a la vez es exactamente lo que vemos cada día en la calle, en las plazas de abastos o en los mercadillos, en los portales donde la gente hace cuentas con miedo.
Propiedad privada, bien absoluto
Cuando la política se dedica a intercambiar culpas y no protege a los vulnerables, deja de servir al bien común. Y cuando los fondos buitre imponen su lógica sin alma, la vida humana se vuelve un daño colateral.
Lo que está en juego no es solo un piso. No es solo un contrato. No es solo una anciana o una mujer con problemas de movilidad. Es el modelo de sociedad que estamos construyendo: una donde la propiedad privada se trata como un absoluto, olvidando que está subordinada al bien común; una donde la fragilidad se enfrenta en ocasiones a despliegues policiales desproporcionados.
Maricarmen ha sido desahuciada. Antonia ha visto un nuevo aplazamiento. Pero sus historias, como las de tantas personas en Murcia y en toda España, nos obligan a mirar de frente lo esencial: la humanidad, la compasión y la justicia. Lo que está en juego no es solo un hogar. Es la posibilidad de vivir sin miedo.
